La deuda interna

Para un país como el nuestro, en el que la democracia no era algo común, haber cumplido veinticinco años ininterrumpidos de la misma es para festejar, pero las causas pendientes son muchas y algunas muy dolorosas.

En diciembre se cumplieron 25 años de democracia y también se cumplió un año desde la asunción de Cristina Kirchner. En este tiempo, aparte de la importancia de ejercer el derecho de opinar con nuestro voto, hubo cosas positivas y negativas.
Ese quizá sea el punto principal en el balance de lo favorable, pero en el balance general pesan más las falencias y los errores, que los aciertos. Y la principal falencia se da en la ausencia de políticas de estado para aplicar a lo largo de los años sin importar la bandera política del gobernante de turno. También podemos nombrar la mala calidad institucional y el muy alto nivel de corrupción.
Pero el punto más doloroso, en el que nada se ha hecho, es la pobreza. La exclusión social es la gran deuda que deja sin saldar la democracia, ya con 25 años de vigencia ininterrumpida en la Argentina.
Desde los albores de esta bien ganada democracia, la pobreza estuvo en todos los discursos, desde aquellas promesas de Alfonsín, de que con la democracia se come, se cura y se educa; hoy podemos decir que estas son todas materias pendientes. El país produce desaparecidos sociales, excluidos, gente que no puede incorporarse productivamente a la sociedad ni ser reconocido como sujeto.
La dirigencia política, gremial y empresarial que ocupó lugares centrales desde 1983 hasta la actualidad, es la principal responsable del país que "no supimos conseguir". No ha sido posible reconciliar la vigencia de las instituciones democráticas con la deuda social.
Con esto no quiero ser antidemocrático: por supuesto que estamos mejor que con la dictadura; pero salvada esa obviedad, la democracia tiene deudas muy grandes: ¿cómo puede ser que haya chicos que se mueran de hambre en la Argentina?
Los expertos definen a la evolución de la pobreza en nuestro país como "subir por escalera". Cada crisis implica un "salto" en la cantidad de personas en condición de pobreza. Cada recuperación no revierte ese resultado y te deja en un piso cada vez más alto.
De acuerdo a cifras estadísticas, en 1982 la incidencia de la pobreza en nuestro país era del 5,1%. Luego en los '80 nunca bajó del 13% y desde mediados de 1995 el 25% de la población argentina es pobre.
De acuerdo a un estudio realizado y publicado en la Argentina por la UBA en el mes de diciembre, ocho chicos mueren por día porque no tienen qué comer. O sea que Argentina, país considerado por mucho tiempo como el “granero del mundo”, mata de hambre a sus futuras generaciones.
Nuestra nación, que suscribe la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y que la ratificó mediante la Constitución Nacional, no garantiza las necesidades básicas. Otro estudio, esta vez de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), marca que en nuestro país más de 6 millones de niños son pobres.
En el “granero del mundo”, las estadísticas que muestran la situación del grupo poblacional más indefenso de la sociedad, producen vergüenza. Pese a los 25 años de democracia y los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales por revertir esta realidad, no se han generado políticas de estado integrales para terminar, de una vez por todas, con un mecanismo perverso que excluye, humilla, mata, y empaña el futuro de la sociedad toda.
Los gobernantes que se sucedieron en el ejecutivo de nuestro país han demostrado que, unos por no poder o por negligencia y otros tantos por no querer o porque no les conviene, nada han hecho por mejorar la situación. En los últimos veinticinco años se sucedieron planes paliativos pero que nunca terminaron con el problema. El P.A.N., los Planes Trabajar, o los Jefes y Jefas de Hogar sólo fueron una aspirina que no curaba la enfermedad.
Una de las ausencias más grandes del modelo productivo vigente es no tener como pilar el derecho a la soberanía alimenticia.
Abel Albino, director de la Cooperadora de Nutrición Infantil (Conin), una organización no gubernamental, ha declarado pocos días atrás: “Después del derecho a la vida que todo individuo tiene desde el momento mismo de la concepción, el segundo derecho que tiene es a una vida digna, realmente humana, no una vida de animal. Esa vida es un derecho humano fundamental, y la alimentación es prioritaria porque sin ella el chico no tendrá desarrollo neurológico. Si no tenemos un cerebro intacto no hay educación posible”.
Y sobre las políticas articuladas en los últimos años, Albino destaca lo siguiente:
“En Conin nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene, porque a los 15 días estamos de vuelta alimentándolo”. “El objetivo de nuestra Cooperativa es claro: queremos quebrar la desnutrición y lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza”.
Por lo visto, queda más que claro que luego de la dictadura y tras 25 años de democracia, no hay un plan integral que apunte a terminar con la exclusión social y las nefastas condiciones de vida de aquellos que integran la población pobre de la Argentina.
La Argentina se ha convertido en un gran modelo de inequidad donde conviven las fastuosas mansiones de los barrios cerrados, el lujo de Puerto Madero, los feudos provinciales, con barrios terriblemente marginales muy cerca de los lugares anteriormente nombrados.
Uno de los principios básicos de la Convención Internacional de los Derechos de Niño es que la alimentación es un derecho básico que tienen que tener los pobres, los ricos, los más ricos, y los más pobres también. Hay una desigualdad absoluta con respecto a las condiciones de un chico que está bien alimentado, que ha tenido acceso y posibilidades y un niño que vive en la pobreza completa.
Ya hablamos de las ineficientes y escasas políticas gubernamentales para mejorar esta situación y a la vez aparecen otros datos que avergüenzan aún más. Mientras los fondos para paliar la pobreza escasean o son mal utilizados o terminan en casos de corrupción o se los utiliza a cambio de votos, en los últimos años en el gobierno de los K, la publicidad oficial creció nueve veces en cinco años, ya que esta gestión arrancó con una pauta de $46 millones y finalizará 2008 con un gasto de $ 435 millones.
¿Qué indica esto? Que los gobiernos se preocupan más por mostrar que por hacer; una buena forma de distorsionar la realidad que tanto nos duele, otro importante desvío de fondos para actividades inútiles que acentúa aún más nuestra deuda interna. ©