El 25 de mayo pasado un importante sector de la sociedad conmemoró los 10 años de gobiernos kirchneristas, que comenzaron cuando Néstor Kirchner asumió como presidente el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2007. A partir de esa fecha, lo sucedió su esposa, Cristina Fernández.
A su vez, en diciembre de este año, todo el país festejará los treinta años seguidos de consolidación de la democracia. 30 años de libertad continua. Todo un logro en la convulsionada historia de nuestro país, que durante el siglo pasado fue devastado por seis dictaduras militares que interrumpieron gobiernos democráticos.
A pesar de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue elegida por el voto popular dos veces seguidas y en comicios libres, muchos periodistas, políticos, filósofos, sociólogos, politólogos y comunicadores sociales se preguntan si en la Argentina se vive en democracia o no. Algo que, desde el principio, se presenta como curioso y preocupante, porque los mismos que efectúan esa pregunta son los más acérrimos opositores al gobierno y de hecho lo pueden decir sin inconvenientes, libre y abiertamente, por casi todos los medios de comunicación existentes (diarios, revistas, televisión, radio, Internet, etc.), sin censura. Algunos van un paso más allá, ya que no se limitan a preguntar sino que directamente califican. Afirman que el actual sistema es una demo-dictadura o al menos una democracia autoritaria. Otros, con algo más de sutileza, aseveran que los destinos del país los conduce un gobierno de origen democrático que no ejerce el poder democráticamente.
El gobierno conduce al país con mano fuerte, pero actúa democráticamente, bajo el imperio de la ley. Todas las reformas legislativas importantes impulsadas por la presidenta Fernández se tramitan en el Congreso Nacional. Que se las apruebe rápidamente, sin titubear o modificar, es otra historia.
Si bien el kirchnerismo posee un significativo número de diputados y senadores propios, muchas veces debe recurrir a un subgrupo de representantes provinciales y nacionales de distinto color y pelaje al que logra convencer para que vote sus propuestas. ¿Cómo lo logran? Sobre esto hay distintas versiones, aunque algunos casos puntuales son ventilados. Cuando esto sale a la luz pública resulta desconcertante que algunos representantes del pueblo afirmen, sin despeinarse, que votan leyes o acuerdos presentados por el kirchnerismo con los cuales no están de acuerdo, pero que lo hacen en base a incentivos (fiscales o económicos) ofrecidos por el gobierno nacional. Y de ello hay algunos ejemplos recientes.
“Acompañé con mi voto el acuerdo de entendimiento con Irán para que se le gire a la provincia de Tierra del Fuego un anticipo de la coparticipación federal. Entendí que el proyecto no cambiaba sustancialmente el trámite judicial y consideré que mi voto redundaría en un beneficio para mi provincia”, declaró el diputado nacional del Movimiento Popular Fueguino (MPF) y ex intendente de Ushuaia, Jorge Garramuño a periodistas radiales el pasado mes de abril. Ante las críticas recibidas, el representante fueguino se defendió embarrando más la cancha al agregar que el Gobierno intentó "comprar su voto" en la polémica sesión en la que fue aprobada la reforma del Consejo de la Magistratura, una de las principales leyes que componen la reforma judicial, pero que en este caso el se negó. Estas declaraciones fueron publicadas por importantes medios de comunicación hasta el hartazgo.
Desde hace unos meses, el periodista Jorge Lanata, que trabaja para el grupo Clarín, el multimedio más importante y opositor al gobierno, no se cansa de hacer denuncias de corrupción. Con minuciosidad escalofriante detalla como allegados y supuestos testaferros de la familia presidencial y otros altos funcionarios mueven millones de kilos de euros y dólares productos de coimas y sobornos. Sí, hablan de kilos, porque dado que los llevan en bolsos y valijas cuantifican lo que trasladan en base a su peso.
No se puede negar que se trata de gente muy práctica.
La gran discusión que impusieron los medios opositores es la movida del gobierno para hacer jugar a los equipos de fútbol más populares en el mismo horario en el cual se transmite el programa televisivo de Lanata (Periodismo Para Todos) para afectar su altísimo rating. De allí que River, Boca y otros equipos importantes empezaron a jugar los domingos a partir de las 21.30 hs.
Indignados, muchos periodistas afirman que jugar partidos en ese horario es del todo inconveniente, que los chicos al otro día van a la escuela, que los espectadores saldrán de los estadios a medianoche, cuando no hay medios de transporte y bla, bla, bla. Lo contradictorio es que los que vociferan contra esta medida son los mismos que afirman que en el país se vive en una demo-dictadura. Es evidente que su pasión no les deja ver más allá de sus narices, porque critican a una verdadera democracia televisiva.
Los domingos por la noche ahora los televidentes tendrán la opción de ver como se llevan a cabo supuestos actos de corrupción... o se distraerán viendo a sus equipos de fútbol favoritos.
¿Se puede pedir algo más democrático que eso?
Muchos críticos acérrimos al gobierno parece que no están dispuestos a aceptar que toda democracia es imperfecta, pero a pesar de sus defectos sigue siendo el mejor sistema de gobierno posible.
En la Argentina, por ejemplo, está tan consolidada que en pocos meses los votantes tendrán la opción de cambiar el estado de las cosas a través de sus votos, y lo esperanzador es que contarán con un enorme menú de propuestas. Según datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral, a la fecha existen 34 partidos políticos reconocidos a nivel nacional y 507 a nivel distrital.
Y eso, de verdad, es lo que nos convierte en un estado plenamente democrático. ¤
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