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Ni el Proceso ni el Espíritu... de la Democracia
Hay algunas circunstancias particulares que hacen de la interna del Partido Justicialista un problema integral y no una cuestión meramente política o judicial, según el criterio que se adopte.
Se observa un comportamiento social tendiente a desconfiar de todo el establishment, incluidos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Razones no faltan. La ciudadanía argentina acaba de sufrir un saqueo sin precedentes; las privatizaciones sucias, el monumental negocio de las AFJP, el corralito financiero (violación del derecho de propiedad para los entendidos liberales) y la devaluación seguida del aumento general de los precios de productos básicos.
Las medidas más trascendentes para la vida de nuestra población (estafada y empobrecida como nunca) no fueron consultadas por las dirigencias a través de un proceso democrático real y participativo. El ciudadano argentino del siglo XXI no está tan preocupado por quién lo va a gobernar (resignado tal vez) sino que se pregunta cómo hacer para poder intervenir en la decisión de un virtual aumento o reducción de tarifas o una renovación total de la Corte Suprema de Justicia y las cámaras del Congreso Nacional. Ese fragmento de democracia real es el que reclama la sociedad y la dirigencia se niega a escuchar, respaldada por un sistema institucional arcaico. La gente quiere votar. Pero no por candidatos sino medidas de gobierno que replanteen el contrato social.
El próximo presidente argentino será producto de acuerdos entre dirigentes cuya falta de generosidad y patriotismo, los convierte, en traidores a la nación. Aunque no haya marco legal suficiente para encarcelarlos de por vida.
Repasemos parte de nuestra historia. En 1958, Arturo Frondizi alcanzó la presidencia gracias a la anulación electoral del justicialismo. Luego, en 1963, a Arturo Illia le alcanzó con ser la primera minoría (25,1%, exactamente 2.440.000 votos) para asumir como jefe de Estado, siendo que a ese número le seguían los votantes en blanco con el 18,8 %. Frondizi e Illia, independientemente de sus capacidades e intenciones, carecían de toda legitimidad democrática porque el origen de su llegada al poder era nada menos que la exclusión electoral de un movimiento social y político enorme: el justicialismo. Aún estando en el poder, ambos continuaron excluyendo a esa fuerza política con la venia del poder militar. Tal actitud retrazó el proceso histórico y social por más de 25 años. Hoy Menem y Duhalde están en un mismo grado de ilegitimidad que Frondizi e Illia en la década del '60. Hay otra vez un problema de origen. Por supuesto que con un marco social mucho más crítico que hace 40 años.
Tanto el sector menemista como el duhaldista podrían llegar al poder en el 2003 como consecuencia de la manipulación del sistema institucional y la ausencia del espíritu democrático que profesa (pero no necesariamente especifica) la Constitución Argentina.
La telaraña de apoyos de municipios y gobernaciones que consigue hoy Carlos Menem, forma parte de una modalidad que el sistema actual permite; léase el clientelismo político. Se explica así: “me das un voto, te doy un sueldo y obtengo fondos del partido o el candidato nacional para mi propio juego electoral local”.
De la misma forma, Eduardo Duhalde negocia apoyos a su candidato “oficial” e intenta dilucidar la participación electoral de su partido, de la manera más conveniente a su sector. El clientelismo político podrá ser legal, pero arruina y obstruye el ejercicio civil de la democracia. Porque una cosa es el proceso y otra el espíritu de la democracia. Respetar el proceso implicaría realizar todas las internas disponibles, siempre (como quiere Menem). En cambio, procurar seguir el espíritu de la democracia impondría asegurar que el conjunto de la comunidad, no un partido solamente, pueda elegir entre la mayor cantidad de propuestas en un grado similar de condiciones (como parece querer Duhalde).
Duhalde ha dicho que los padrones “son truchos” y por ello conviene aplicar la modalidad de neolemas en la que participen varios candidatos del mismo partido. De ser así, entonces, su banca en el senado (con la cual llegó a la presidencia) tendría carácter ilegal. Pues esos mismos padrones permitieron su llegada a la casa Rosada y que “su gobierno” devaluara, aumentara tarifas de servicios, etc. Un vergonzoso acto delictivo, originado dentro del partido justicialista, que en cualquier otra nación debiera llevarlo a la cárcel. Otra vez hay un problema de origen.
Igualmente, si el Congreso nacional de PJ tiene facultades suficientes para decidir la postulación de su candidato sin necesidad de una elección interna, habría que preguntarse si es verdad que el espíritu de la democracia alcanza a todas las instituciones argentinas o hay que barajar y dar de nuevo, a través de una asamblea nacional constituyente en la que sean los cuadros medios y bajos de los partidos políticos los que obtengan (¿por primera vez?) poder de decisión. Porque tanto el espíritu como el proceso de la democracia, según parece, estarán ausentes en las elecciones presidenciales de 2003. Ø
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