Nuevas leyes han cambiado el espectro de situaciones para el nuevo inmigrante en los Estados Unidos. En Noviembre del 2002, el presidente firmó la ley que creó un nuevo gabinete de estado llamado “Homeland Security Department”. Su creación significó la mayor transformación de gobierno en los últimos 55 años de historia política americana. George W. Bush encontró fundamento para la reorganización, en los ataques terroristas de Septiembre 11 y así decidió unificar veintidos agencias federales que trabajaban autónomamente a fines de evitar nuevos actos terroristas en el territorio americano. Increíblemente, lo que conocemos como Immigration and Naturalization Service (INS) es una de las entidades que desaparecen en Marzo 1º, para pasar a formar parte del DHS. El inminente efecto de esta reorganización es que los procesos de inmigración pasan a tener carácter de seguridad de Estado y que, al formar parte de un gabinete gigante, las decisiones de jerarquía estarán inmersas en una burocracia a su vez gigantesca. Por otra parte, lo que hoy funciona como un único organismo (INS) se dividirá en tres entes dentro del DHS: Bureau of Citizenship and Inmigration Services (BCIS), Bureau of Immigration and Customs Enforcement (BICE) y Bureau of Customs and Border Protection (BCBP). BCIS tendrá la función de adjudicar visas y beneficios de inmigración, BICE se encargará de ejecutar las órdenes de deportaciones dentro del país, y BCBP a cargo de las exclusiones en la frontera. La división del INS en estos tres componentes traerá a su vez el efecto no deseado de falta de coordinación y burocracia en la comunicación y funcionamiento entre sí. Es de tener en cuenta que, en un gran porcentaje de casos, estos tres cuerpos estarán decidiendo a un mismo tiempo si un inmigrante tiene derecho a permanecer o entrar en los Estados Unidos.
A pesar de que autoridades de gobierno han indicado que la transición del INS en estas tres divisiones del DHS no significará una cesación en el funcionamiento de las oficinas de inmigración, no podemos esperar otra cosa que confusión, errores y demoras en el trámite de los procesos de inmigración. Ya sabemos cómo la creciente inmigración que recibe los Estados Unidos, ha tornado esta rama del gobierno indomable.
Ciudadanos y empresas americanas reclaman a sus legisladores por la ineficiente adjudicación de beneficios de inmigración, separando familias y causando perjuicios económicos. Por otra parte, la población y otras ramas del estado han culpado al INS, alegando que su ineficiencia hizo posible los atentados de Septiembre 11 (especialmente cuando uno de los terroristas que se suicidó en el avión que derribara las torres gemelas recibió, meses después, la aprobación de su visa de estudiante). Frente a este panorama de presión, no todos los empleados contratados y oficiales de inmigración responden con dignidad y cordura. Ya vimos cómo, sin criterio o misericordia, decidieron destruir documentación y archivos con el “shredder” para reducir el cúmulo de aplicaciones pendientes y mostrarse “efectivos”. Otros oficiales demoran por años decisiones en aplicaciones cuando hubo previas violaciones a las leyes de inmigración y oficiales consulares en el extranjero encuentran, últimamente, cualquier excusa como válida para denegar beneficios a personas que son elegibles.
Las leyes y las presentes circunstancias de presión, han generado un ajuste de medidas en contra de los inmigrantes. Nadie quiere ser el próximo oficial que apruebe una visa a un posible terrorista o criminal. Y como los terroristas ni los criminales se identifican a sí mismo, todos los inmigrantes son vistos como posibles “terroristas y criminales”. Más que nunca, se debe respetar al extremo las leyes del país. Quienes son residentes deben naturalizarse. Quienes están ilegalmente, deben encontrar la forma de legalizar su situación y no exponerse al crimen ni a circunstancias que puedan llamar la atención de las autoridades. Ø