24 de marzo: ¿memoria o día de pesca?
De acuerdo a una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso Nacional, el 24 de marzo pasó a ser feriado en la Argentina, en memoria del golpe de Estado de 1976.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, se aprobó en ambas Cámaras con los votos del oficialismo y con la celeridad que había reclamado el presidente Néstor Kirchner. La iniciativa encontró la resistencia de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, que consideraron que "feriado" es sinónimo de día festivo, cuando al golpe hay que recordarlo con "dolor, reflexión y lucha". También se opusieron la UCR, los socialistas y otras bancadas menores. Otros, como el ARI, prefirieron abstenerse. Entre los que se oponen al feriado están el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

La postura radical la expresó el senador Rodolfo Terragno, quien dijo que debería festejarse "la caída, no el ascenso, de quienes mancillaron los derechos humanos" y recordó que "los franceses no celebran el 10 de mayo, fecha en que fueron invadidos, sino el 8 de mayo, el día de su liberación".
En Diputados la polémica se desató cuando el ARI propuso que, si el oficialismo quiere demostrar voluntad política en este tema, también se votara la derogación de los indultos que dictó Menem. Los votos kirchneristas lo impidieron.

Ahora son menos
Finalmente el Congreso aprobó la modificación al Concejo de la Magistratura propuesta por el gobierno nacional.
El Consejo se reduce de 20 a 13 miembros, y estará compuesto por tres jueces, tres senadores y tres diputados (en ambos casos dos por la mayoría y el restante por la minoría), dos abogados matriculados; un representante del Poder Ejecutivo y, uno, proveniente del ámbito académico.
El nuevo Consejo de la Magistratura comenzará a sesionar a partir del 16 de noviembre.

Preocupa la libertad de prensa en Argentina
En la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), varios de sus miembros expresaron que la situación de la libertad de prensa, en Argentina en particular y en América Latina en general, es preocupante.
La cumbre reunió, entre el 17 y el 19 de marzo, a 400 delegados de 1400 periódicos y revistas del continente americano. Allí se denunciaron trabas en el ejercicio profesional en la Argentina y puntualizaron que esta situación se agravó durante la presidencia de Néstor Kirchner, quien no ha tolerado la posición crítica de los medios. Se lo acusó, entre otras cosas, de utilizar herramientas como el no pautaje de publicidad oficial en los medios críticos.
También criticaron el accionar de los gobiernos con respecto a la prensa en México, Ecuador, Venezuela, Perú y Cuba.

Crean una nueva empresa del Estado
El gobierno argentino resolvió rescindir el contrato con la firma Aguas Argentinas y optó por la creación de una sociedad anónima con dominio estatal.
La empresa estatal que se hará cargo del servicio se llamará Aguas y Saneamiento Argentino (AYSA). Estará bajo la dirección de Carlos Ben, actual integrante del directorio de Aguas. El resto del directorio estará compuesto por cuatro miembros, tres designados por el Estado y uno en representación del Programa de Propiedad Participada (PPP), cargo que recaería en el dirigente de FENTOS (Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias) y Secretario Adjunto de la CGT, José Luis Lingeri.
Al formular el anuncio de la rescisión del contrato, el gobierno nacional argumentó "culpa del concesionario", y garantizó la estabilidad laboral para todos los actuales trabajadores de la compañía.
Esta rescisión anticipada generará un nuevo juicio internacional contra el Estado Argentino, ya que en un comunicado oficial, los directivos de Aguas Argentinas contradicen todo lo dicho por el gobierno y aclara que se cumplieron todos los puntos del contrato original. Ø