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Nuevo Intento de Reformar el Sistema Inmigratorio Imprimir E-Mail
Escrito por Mariela Caravetta   
sábado, 24 de marzo de 2007
Los Diputados Luis V. Gutiérrez (D-Ill.) y Jeff Flake (R-Ariz.) presentaron en la Cámara de Diputados el 22 de marzo pasado un nuevo proyecto de ley de reforma de Inmigración al que llamaron “STRIVE Act”.
Para conciliar los sectores que reclaman disponibilidad de trabajadores extranjeros con los que reclaman una limitación y control de la inmigración, el proyecto contiene normas que incrementan castigos para inmigrantes ilegales por una parte, y plantea un proceso para legalizar indocumentados por el otro.
El tema de la reforma inmigratoria, que se encuentra en medio de una gran controversia política, requerirá del apoyo de representantes de ambos partidos, y se propone con la esperanza de ser tratado y aprobado antes de julio, evitando que se convierta en un tema de la campaña presidencial.
El primer capítulo del proyecto se refiere a la seguridad de la frontera. Aumenta la cantidad de oficiales y optimiza los recursos para disminuir el tráfico de personas, drogas y toda actividad criminal. Además se implementará un nuevo proceso para registrar huellas e información personal que permita combatir toda actividad ilegal en la frontera.
También se proponen regulaciones para reforzar el sistema interno de control y se aumentan las penalidades para crímenes relacionados con fraude de pasaportes, visas y documentos. El proyecto crea nuevos castigos para inmigrantes que cometan delitos de manejar bajo estado de ebriedad y asociación con pandillas. Otras normas agilizarán la deportación de inmigrantes, y le permitirá a la policía y otras autoridades aplicar las leyes de inmigración.
En el área de empleo, aumenta las penalidades, tanto civiles como criminales, asociadas con el empleo de ilegales. Para comenzar, fijará un sistema de verificación para que los empleadores puedan verificar que la persona a emplear se encuentra autorizada a trabajar.
Lo más atractivo del proyecto, es que prevé un mecanismo para que extranjeros puedan venir a trabajar temporariamente a los Estados Unidos, y otro para que inmigrantes hoy ilegales puedan obtener la residencia.
El “Worker Visa Program” crea la visa H-2C que será válida por 3 años y se puede renovar por tres años más. Los empleadores deben tratar de encontrar empleados en los Estados Unidos primero, y no podrán usar este proceso si la zona tiene un porcentaje de desempleo igual o mayor al 9%. Habrá un límite de 400,000 visas de este tipo. El trabajador temporario que se quede por más de 60 días desempleado, deberá irse de los Estados Unidos. Bajo esta visa podrán venir cónyuges e hijos menores del trabajador. El empleado temporario podrá aplicar para residencia condicional luego de haber estado cinco años en esta visa (mediante un empleador o pedirse a sí mismo), y eventualmente obtener su residencia permanente.
El proyecto a su vez prevé aumentar las cuotas para inmigrantes en categorías de trabajo y familia, a fin de evitar las demoras que algunos inmigrantes están sufriendo ahora. Por ejemplo, la de trabajadores no calificados, o las de hijos mayores y/o casados.
Por otra parte, crea un programa de legalización llamado “conditional noninmigrant status” para indocumentados, sus esposos/as e hijos que durará por 6 años. Serán elegibles para la legalización aquellos inmigrantes ilegales que hayan llegado a los Estados Unidos antes de junio 1, 2006, prueban que han estado empleados desde entonces y pagan una multa de $500. Además, el solicitante no puede haber cometido una felonía (delito grave) o tres delitos menores; y demostrar que no le aplican otras normas que restringen la legalización de inmigrantes, como por ejemplo, razones de seguridad, etc.
 Luego de esta etapa “condicional”, los solicitantes podrán aplicar para residencia permanente. Ellos tendrán que ir “al final de la línea”. Es decir, todos los inmigrantes que hoy tienen un caso pendiente van a tener prioridad en ser procesados para la “green card”. Para obtener la residencia permanente, deberán reunir una serie de condiciones, incluyendo: empleo continuo, pagar una multa de $1500, pasar un examen de inglés y cívico, pagar impuestos atrasados, y el requerimiento más controvertido de todos, que es “obtener una entrada legal”. Para esto último, por lo menos 90 días antes de aplicar para la green card, la persona debió haber salido del país y regresado legalmente. La salida no requiere ni tiempo ni lugar específico (por ejemplo, 1 hora en México o Canadá sería suficiente).
Si bien es prematuro pensar que el proyecto va a ser sancionado en estos términos, o que va a ser sancionado en “algún” término, sin duda brinda esperanzas a la comunidad de inmigrantes. También cabe destacar que el proyecto es íntegro en cuanto propone soluciones a los inmigrantes que se encuentran en este país y han respetado la ley, permite nueva inmigración en la medida que sea necesaria y propone regularla para mantener controles de seguridad y de mercado. Otros beneficios que se incluyen en la ley es el llamado “Dream Act” para otorgar la residencia a jóvenes que estudien en el “college”, y para proveer trabajadores para el agro. †
 
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