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Apliquemos la Constitución y determinemos quiénes son los infames traidores a la patria |
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Escrito por Hugo H. Rodríguez
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lunes, 28 de noviembre de 2005 |
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El artículo 29 de nuestra vapuleada Constitución establece que:
“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni a las legislaturas provinciales, ni a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Este artículo se incluyó, creo que no hay duda, para evitar la desvergonzada sumisión a José Manuel de Rosas.
Sin embargo, los argentinos olvidamos siempre algunos ejemplos de nuestra historia. Todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido y tiene también el derecho de ser gobernado por los mandamás del momento con probidad y con sujeción a las leyes existentes. ¿Por qué no se escuchan voces en contra de los legisladores cuando dan permiso a las autoridades nacionales a disponer del presupuesto a su antojo? El presunto delito es de los que patrocinan eso y de los que aceptan esta sumisión. ¿Por qué los integrantes del Congreso que supimos conseguir dieron semejante burda autoridad al Poder Ejecutivo para modificar las partidas del presupuesto a su antojo? Nos olvidamos los argentinos de que después de septiembre de 1955, hubo un juicio (que como siempre durmió en los cajones de los tribunales) en contra de los legisladores que le otorgaron la suma del poder público al régimen dictatorial-constitucional del momento, y se los declaraba infames traidores a la patria. ¿No estarían incursos en el mencionado delito los que pasando por sobre la jerarquía del Congreso dictan decretos de necesidad y urgencia, que no son precisamente de necesidad y urgencia? ¿Qué derecho tiene el Poder Ejecutivo de perdonar la deuda de más de 2 mil millones de dólares que mantiene Cuba con nuestro país, cuando Fidel Castro usó nuestro dinero para financiar a los guerrilleros? ¿Esto es el pago compensatorio por ayudar a nuestros montoneros?
¿Cuándo van a entender nuestros gobernantes que ellos son nada más ni nada menos que nuestros empleados, a los cuales se les paga para que hagan bien su trabajo? Ningún empleado tiene derecho a disponer de nuestros bienes como se le antoje, ni disponer de nuestros recursos en forma inconsulta. Ejerzamos nuestros derechos. No soportemos arbitrariedades. Exijamos limpieza y claridad en su accionar. Pensemos que tuvimos grandes hombres probos que dejaron la función pública sin haber abusado de sus funciones. Son pocos, quizás, pero deben servir de ejemplo. Exijamos que sean parecidos a esos grandes como San Martín, Belgrano, J. B. Justo, Lisandro de la Torre, Hipólito Irigoyen, Sarmiento e Illia. Leámosle a nuestros gobernantes el artículo 36 de la Constitución, que dice: “Atentará contra el sistema democrático quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos” Ø |
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