En el clima de división de la opinión política y pública actual, entre sectores pro y contra inmigrantes, los proyectos de ley de inmigración que se negocian en el Congreso llevan como condición mínima que se aumente el sistema de control en la frontera y dentro del país. Desafortunadamente, en la euforia de contar con leyes que legalicen la situación de los 11 millones de inmigrantes ilegales, se le quitó cobertura a otros aspectos de la ley de “500 páginas” que Specter presentó al Senado como la gran solución al problema de inmigración. Cuando llegó el momento de analizar el proyecto, quienes estamos en favor de una ley de inmigración justa, moderna y acorde a la necesidad económica del país, nos decepcionamos una vez más.

El compromiso bipartito pretendía ofrecer una solución a la población de inmigrantes ilegales dividiéndola en tres categorías:
Inmigrantes ilegales que han residido en los Estados Unidos por más de 5 años, podrían aplicar como trabajadores temporarios sin salir del país. También podrían aplicar para la residencia permanente, luego de que todos los que ya estén en trámite hayan pasado por el proceso.
Quienes estuvieron de 2 a 5 años en el país, tendrán que salir brevemente y podrían re-entrar como trabajadores temporarios. Estos podrían aplicar para la residencia después de la primera categoría.
Aquellos que hubieran estado por menos de 2 años, tendrán que abandonar el país sin asegurarles que puedan volver a entrar.
En diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley H.R. 4437 que nunca fue tratado en el Senado. Esta ley cambia radicalmente el concepto de la ley de inmigración, incluyendo criminalizar a quienes cruzan la frontera ilegalmente, así como también a aquellos que ayudan a inmigrantes ilegales. Las manifestaciones que recientemente hemos visto fueron en repudio a ese proyecto. En el Senado, el proyecto introducido por el Senador Arlen Specter (“The Specter Mark”) incluye igualmente provisiones de ese tenor, y también lo hace el proyecto S. 2454, presentado por el senador líder por la mayoría, Bill Frist.
En todos estos proyectos, los puntos comunes de grave y negativo impacto al sistema inmigratorio son los siguientes:
1. Detención y deportación por delitos menores que separarán a las familias y no permitirán al inmigrante ajustarse al sistema de legalización que prevé el proyecto Specter. Algunos delitos menores serán re-calificados como “felonías graves” para inmigración, sin importar en qué año fueron cometidos. Además, no se establece un sistema para dar perdón o considerar circunstancias especiales de cada caso como existencia de rehabilitación, familia en los Estados Unidos, tiempo de residencia, aporte a la economía, etc.
2. Se disponen medidas que limitarán la salida con fianza de inmigrantes que sean detenidos. A cambio de permitir a inmigrantes litigar su caso mientras contribuyen a la economía y dan soporte a su familia, inmigrantes en proceso de deportación permanecerán detenidos causando perjuicio económico a la familia y al gobierno. Más cárceles deberán ser construidas y mayores serán los gastos del estado.
3. Infracciones menores serán una barrera al proceso de legalización. Por ejemplo, haber dado información falsa al empleador en el formulario I-9. Al hacer esto, una gran cantidad de inmigrantes muy calificados y de buena conducta, quedarán excluidos por proveer información incorrecta, que por otro lado fue la fuente de manutención personal y de su familia.
4. Por primera vez, ciudadanos que piden a sus familiares deberán someterse a chequeos de antecedentes, y en algunos casos no podrán presentar peticiones por su cónyuge o hijos, debido a crímenes cometidos por el peticionante. De tal manera se castigaría al cónyuge o hijo inocente, por el delito del ciudadano.
5. Prohíben apelar a las Cortes Federales en ciertas circunstancias, con lo cual se producirán deportaciones arbitrarias e injustas. Recientemente, jueces de inmigración han estado bajo fuego en relación a sus decisiones de deportación equivocada. En el 2005 una Corte Federal de Apelación notó que cerca del 40% de todas las órdenes de deportación que revisaba la corte de apelación eran revertidas por erróneas (Benslimane v. Gonzáles, 430 F.3d 828 (7th Cir. 2005). Sin proceso de apelación, se alimentará la arbitrariedad y el descuido.
6. Habrá más límites en la revisión de negaciones de naturalización por parte de las Cortes Federales, lo que generará también negaciones del derecho a ser ciudadano en forma arbitraria e injusta.
7. Se limitará el derecho a solicitar salida voluntaria, haciendo más difícil o imposible el regreso a través de una petición de inmigración.
8. Oficiales de deportación tendrán más poder para efectuar deportaciones sin audiencias con el Juez. Por ejemplo, el proyecto del Senado expande la “expulsión sin audiencia” (expedited removal) para casos de inmigrantes que tengan “felonías graves”. Pero bajo la nueva definición de felonía grave, un inmigrante podría ser expulsado sin derecho a ver a un juez o aplicar por algún beneficio por haber tenido 3 DUI (manejar en estado de ebriedad), aunque hayan sido de hace 20 años atrás. Las expulsiones sin audiencia son realizadas por un oficial de inmigración y no están sometidas a revisión.
9. Autoriza la deportación de inmigrantes “sospechados” de pertenecer a pandillas, aun sin condenas por ello o sin haber cometido ningún crimen. Además de incentivar racismo contra los latinos, en especial, va contrario al principio básico de que “se es inocente hasta demostrar lo contrario”.
10. Autoriza y apoya la aplicación de las leyes de inmigración por la policía local. Esta medida ha sido largamente criticada, incluso por el personal policial, debido a que los inmigrantes ilegales no pueden acudir a la policía, sino que deben esconderse de ella. Esto hará más difícil la tarea de los policías de investigar crímenes, hará que muchos crímenes no sean reportados y desviará los recursos para perseguir gente indocumentada y pacífica, en lugar de hacerlo para perseguir a los criminales peligrosos. Por otra parte, creará persecución policial en base a la raza y a la apariencia. Además contribuirá al malgasto de recursos públicos cuando oficiales sin formación traten de aplicar el complejo sistema de inmigración.
El llamado “Compromiso Hagel/Martínez" fue el último intento del Senado por resolver la situación de los indocumentados en el país y logró el endoso del presidente Bush. El compromiso incluye un programa de legalización al costo de que una gran masa de inmigrantes nunca podrá regularizar su situación, y colocando en vigencia medidas que son “conflictivas”, para decir lo mínimo. Esta ley dejará millones de inmigrantes indocumentados y ayudará a que el número de población indocumentada aumente con los años, en lugar de reducirlo. A ese proyecto, se le presentaron 400 propuestas de modificaciones. Muchas de esas propuestas restringen más la elegibilidad para aplicar por legalización o tienen medidas de represión aún más graves.
Este es sólo un resumen de los puntos comunes en los proyectos de inmigración en tratativas. Sólo podemos esperar que las marchas de los inmigrantes y las presiones políticas de los sectores en favor de un sistema realista y justo de inmigración, inspiren a los legisladores a sancionar un proyecto que dé solución a la población indocumentada y permita a empleadores llenar vacantes en el futuro de manera eficiente. Ø